Por Martín Rafael López (*)
Desde las postrimerías del siglo XX, los análisis acerca de los efectos de la globalización y la irrupción de las nuevas tecnologías se han convertido en un tema de interés para diversos académicos y decisores políticos de todo el mundo. El ubicuo y sempiterno desarrollo tecnológico ha afectado transversalmente todos los aspectos de la vida humana: todo tipo de artefacto u objeto como teléfonos, automóviles, relojes, aparatos domésticos, vehículos no tripulados, sistemas de armas o hasta el mismo cuerpo humano son capaces de incorporar unidades de procesamiento informático.
Como resultado de eso, la actividad humana se ha vuelto cada día más “datificada” y ha perfilado uno de los principales rasgos identitarios de la nueva era de la información. Todo es cuantificable y factible de ser convertido en un insumo para ser utilizado por los complejos modelos de análisis predictivos sobre la base de algoritmos. En esta era de iteración de algoritmos, automatización y secuencialidad de procesos, la recopilación y el almacenamiento de datos se han convertido en un activo estratégico crítico de interés no solo para las empresas nacionales y transnacionales, sino también para los Estados, que tienen el desafío de modernizarse para su eficaz gestión y control.
Como sostiene el historiador Yuval Noah Harari en su reciente obra Nexus, los Estados y los mercados son redes de información que absorben datos del entorno que los rodea, toman decisiones y, a su vez, facilitan datos. Hecho no menor, si consideramos que a partir de su gestión se posicionan los trending topics y se configuran las agenda-settings. Siguiendo esta premisa, los actores centrales que logren aggiornarse a esta nueva era serán los “Estadatos”, es decir, aquellas organizaciones políticas atravesadas por los flujos de información que cuenten con la capacidad suficiente para arbitrar los medios necesarios para abastecerse y salvaguardar de forma integral su soberanía de datos.
En un contexto mundial de descenso de la política internacional, el desarrollo tecnológico se ha convertido en un segmento de competición en el cual los Estadatos erigen nuevas barreras o fronteras de contención para el resguardo del “nuevo petróleo” o insumo básico de su desarrollo: los datos. Debido al desplazamiento geográfico-espacial que producen las redes de comunicación, y la llegada de una sociedad isomórfica entre lo virtual y lo real, el espacio de la información hoy se traduce como la quinta dimensión (junto a la tierra, el mar, el aire y el espacio) donde se desencadena una competencia asimétrica entre actores por su gestión y control.
A modo de ejemplo, ya sea para evitar el impacto en la bolsa frente al lanzamiento de un nuevo modelo de lenguaje extenso (caso DeepSeek) o evitar el “espionaje” y posterior patentamiento fraudulento de un avance tecnológico, los Estadatos se encuentran la mayor parte de su tiempo enfrentados o confrontados por el resguardo de sus avances tecnológicos y fuente de datos. En este contexto de rivalidad se presenta una primera dificultad referida a que los productores de un dispositivo o producto de información pueden incluir empresas de distintos Estados. Por ejemplo el diseño, la producción y el empaquetado de los chips de los teléfonos móviles pueden involucrar a empresas de muchos países, entre ellos: Intel de Estados Unidos, Samsung de Corea del Sur y/o Huawei HiSilicon de China. Asimismo, los sistemas operativos, los diversos desarrolladores de aplicaciones móviles y otros componentes del teléfono (como lentes de cámara, pantallas o altavoces) también involucran servicios y productos brindados por diferentes empresas.
Esto da como resultado una situación en la que un producto contiene una mezcla de múltiples patentes de información que ante un eventual disenso (sin mecanismos claros de arbitraje y resolución) pueden derivar en severas controversias y atisbos de tensión.
Por otro lado, si bien las tecnologías de la información son ampliamente utilizadas por países de todo el mundo, tienen sus propios derechos de producción, diseño y de propiedad intelectual que responden a empresas, instituciones e individuos de distintas afiliaciones nacionales y, por lo tanto, a normativas e intereses de distintos Estados nacionales. Otra cuestión que implica un desafío mayor resulta del grado de autonomía deseable y alcanzable a la hora de requerir del tránsito de información. En este sentido, un dato no menor es que solo 3 de los 13 servidores raíz para el funcionamiento de internet a nivel global están ubicados en el Reino Unido, Suecia y Japón, mientras que el resto, en EE.UU. Los servidores raíz son un canal necesario para que todos los países accedan a los servicios de Internet del mundo, y los intereses de varios países están entrelazados en el funcionamiento y uso de estos servidores.
Más: en el campo de las comunicaciones espaciales, muchos satélites meteorológicos, satélites de navegación y sistemas de satélites de comunicaciones suelen prestar servicio a varios países. Por caso, desde el inicio de la guerra en 2022, Starlink de SpaceX proporciona servicios de comunicación por internet a Ucrania. Hoy, en situación de vulnerabilidad, la continuidad o fin de su provisión resulta una carta de juego crucial por parte de Trump y condiciona a Zelensky en su posición para la negociación de una futura paz.
Un tema aún poco hablado es el despliegue y control de los cables submarinos, por los cuales transita el 99% de la información. En este sentido, la totalidad y multimodalidad de cuestiones que implican tanto el desarrollo de componentes como el almacenamiento, control y protección de los datos y la información no se puede describir simplemente con el concepto tradicional de “soberanía” que otrora propiciaba el ejercicio del poder supremo e indivisible del Estado dentro de un territorio, y fue desarrollado por los primeros teóricos modernos como Jean Bodin y Thomas Hobbes.
Sin ir más lejos, la nueva realidad (virtual) requiere que la proyección de poder de los Estados se planifique “más allá” de la delimitación terrestre tradicional, para asegurar la protección de las nuevas fronteras digitales por donde circulan los flujos de información. Por lo tanto, es necesario repensar y adoptar un nuevo enfoque para identificar y describir la disputa por la proyección de poder para el resguardo de los intereses nacionales en este “nuevo” espacio de la información.
Para superar esta limitación conceptual, podemos proponer un concepto más abarcativo e integral: la pansoberanía de datos, en referencia a la autoridad suprema que ejerce un Estadato, basado en la soberanía nacional, sobre la infraestructura, los sujetos, las actividades y los recursos de datos dentro de su territorio.
Por lo tanto, para la proyección de su poder nacional tendrá como objetivos de escala mayor la construcción prioritaria de la infraestructura de información crítica; la lucha activa por la adquisición de capacidad autónoma en tecnología de la información; la regulación de las actividades de las empresas digitales nacionales e internacionales; y la gestión de acciones diplomáticas que ejerzan “liderazgo” ante las propuestas de creación de regímenes internacionales y mecanismos de gestión de datos que garanticen su tránsito de forma controlada y segura hacia la jurisdicción del país.
Sin exagerar ni relativizar la importancia del “dataísmo”, hoy resulta ineluctable afirmar que su gestión exitosa es uno de los desafíos más grandes e inmediatos para la humanidad.
*Lic. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCALP) y coordinador de Estudios Internacionales del Instituto de Análisis Políticos y Electorales (IAPE-UCALP).
