Para los integrantes del sistema educativo, las aulas se presentan como entornos heterogéneos, en donde interactúan personas con diferentes capacidades y necesidades, que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para atender a esta cuestión, el profesor de la Facultad de Humanidades y abogado especialista en inclusión pedagógica, Bernardo Iaconis (foto de tapa), brindó tres consejos para planificar y llevar adelante clases que integren a todas las realidades existentes.
“La educación inclusiva mejora la calidad académica”, aseveró Bernardo como punto de partida e hizo referencia a los beneficios que le trae al docente: “Le permite salirse de pensar solo en el contenido y desarrollar otras competencias, que se enfoquen más en la accesibilidad y en incorporar nuevos recursos a las secuencias didácticas. De este modo, el docente está más preparado para atender a la individualidad del estudiante, dejando de tomar el aula y a sus integrantes como una masa homogénea”.
Esta perspectiva, más que una declaración de principios, responde a una obligación legal: a nivel provincial, mediante la resolución 1664/17, desde 2017 se asegura el acceso a la educación común de personas con discapacidad, promoviendo trayectorias educativas integrales en escuelas regulares, con apoyo de la modalidad especial. La base de esta legislación es la adhesión nacional -Ley 27.044 de 2014- a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para comprender este enfoque, deviene fundamental distinguir conceptos que suelen confundirse. Iaconis aclaró que la discapacidad no es una enfermedad ni un problema de la persona, sino que aparece ante las barreras del entorno: “El que está en silla de ruedas no tiene discapacidad si entró a la escuela, se pudo sentar y pudo aprender como sus compañeros“. Por otro lado, la neurodiversidad alude a la heterogeneidad de los funcionamientos cerebrales —como el TDAH, la dislexia o el autismo— que deben ser habitados en el aula sin estigmas.
Para pensar en generar espacios áulicos inclusivos, propone “planificar entendiendo la neurodiversidad y la discapacidad de entrada” y da tres consejos: primero, atender a la accesibilidad sensorial y física. Para aquellos estudiantes que presentan hipersensibilidad al ruido, olores o colores, el aula puede ser un lugar de saturación que los lleve a desregularse, es decir, a manifestar conductas desbordadas (morder, gritar, patalear) que emergen cuando no se pueden procesar los estímulos.
Ante esto, el abogado sugiere contar con “espacios de calma” o cajas sensoriales con elementos específicos: “Es muy importante que el niño o adolescente pueda desregularse de un modo seguro para él y sus compañeros. Si es morder, que lo haga con un mordillo; si es apretar, que lo haga con algo que no lo lastime; si se golpea la cabeza, se lo lleva a un lugar donde la superficie sea cómoda. Lo importante acá es evitar la estigmatización y que el proceso, que al principio puede sorprender, se vaya naturalizando”.
En el caso de la accesibilidad física, implica considerar que todas las actividades que se confeccionen desde la planificación no posean ningún impedimento espacial. Si se arma una salida educativa, chequear que los entornos sean viables para personas con sillas de ruedas, disminución visual o auditiva; mismo en el salón de clases, utilizando dispositivos y estrategias variadas. Dicho de otro modo, si solo se copian consignas en el pizarrón, se excluye a los no videntes.
Las rampas, vitales para la accesibilidad física en los colegios
Las configuraciones de apoyo constituyen el segundo pilar para garantizar la equidad. Básicamente, son herramientas que equilibran la balanza: desde permitir una tabla numérica o el uso de apuntes, hasta otorgar más tiempo en exámenes. “Vos lo que querés es que esté en igualdad de condiciones con el resto“, señaló el docente, enfatizando que no se trata de otorgar una ventaja, sino de eliminar los obstáculos que truncan la autonomía del alumno.
Estas herramientas y reflexiones forman parte de su obra “Manual de educación inclusiva para docentes, directivos, equipos de apoyo y comunidad educativa”, recientemente publicada por la editorial Hespérides.
Como tercer consejo, en instancias donde las barreras son mayores, aparecen las adecuaciones curriculares, con previo aviso a los inspectores y a la modalidad de Educación Especial para ponerlos al tanto. Aquí, se organiza un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), en donde se adaptan contenidos y metodologías y se deja constancia de ello, para luego poder homologar los títulos.
“Esto se ve mucho en la evaluación, ya que hemos tenido casos de chicos con discalculia (N. del R.: dificultad en comprensión de números) que no pasaban de año porque no sabían contar. En esos casos, se arma un PPI con otro abordaje evaluativo. Es una suerte de trayectoria personalizada, que requiere de un diálogo constante entre las autoridades y los miembros de la comunidad educativa”, explicó.
Por último, reiteró que para el profesor es fundamental contar con información precisa sobre los requerimientos de sus estudiantes, generalmente brindada por los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de cada institución. “De esa manera, el docente podrá actuar como un agente de enseñanza y desplegar todas las herramientas pedagógicas a disposición antes de juzgar la capacidad del alumno”, concluyó.
