(*) Federico Xavier Garrido
En la práctica diaria del ejercicio profesional dentro del ámbito jurídico y pericial, uno de los principales desafíos no se encuentra en el análisis técnico o jurídico del expediente, sino en la gestión administrativa que lo rodea. La revisión constante de los sistemas digitales del Poder Judicial, como la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o el Portal del Poder Judicial de la Nación (PJN), demanda una cantidad significativa de tiempo y atención.
Cada consulta implica verificar movimientos, leer escritos recientes y confirmar si existe alguna acción pendiente. Esta tarea, repetida a lo largo del día y multiplicada por la cantidad de causas en trámite, genera un cuello de botella operativo que afecta directamente la eficiencia del profesional. No se trata de una dificultad técnica compleja, sino de un proceso manual que, por su naturaleza, es propenso a demoras y errores involuntarios.
Frente a este escenario, la automatización inteligente aparece como una herramienta concreta para ordenar y optimizar el trabajo, sin reemplazar el criterio profesional ni interferir en la toma de decisiones jurídicas. La tecnología disponible hoy permite asistir al operador judicial en estas tareas de control, liberando tiempo para el análisis sustantivo de los casos.
La automatización aplicada a la gestión judicial no requiere sistemas invasivos ni desarrollos complejos. Su funcionamiento se basa en reglas claras y verificables orientadas a la extracción, organización y presentación de información relevante para el usuario. Uno de los ejes principales es la extracción inteligente de datos, centrada en identificar los movimientos más recientes de un expediente. En lugar de revisar la totalidad del historial, el sistema puede presentar los últimos escritos ordenados cronológicamente, permitiendo al profesional acceder rápidamente a la información actualizada.
A partir de esa lectura estructurada, se facilita la sugerencia de acciones posibles, como el control de plazos, la necesidad de responder un traslado o la verificación de una presentación pendiente. Estas sugerencias no sustituyen la decisión humana, sino que actúan como recordatorios operativos que ayudan a mantener el expediente bajo control.
Finalmente, la trazabilidad sin duplicaciones permite organizar la información mediante identificadores únicos por causa e integrarla con herramientas de gestión cotidiana. De este modo, el seguimiento de expedientes se vuelve más ordenado, auditable y acorde a los tiempos reales del ejercicio profesional.
La aplicación de herramientas de automatización en el ámbito judicial debe realizarse bajo un marco estricto de legalidad, ética y responsabilidad profesional. La eficiencia operativa no puede lograrse a costa de la seguridad jurídica ni de la protección de datos personales.
Estos sistemas pueden diseñarse respetando principios de minimización de datos y finalidad, limitando el tratamiento de información a lo estrictamente necesario para el control administrativo. El trabajo se realiza sobre metadatos y extractos operativos, evitando la descarga o almacenamiento masivo de expedientes Asimismo, el uso de credenciales de acceso temporales garantiza que las consultas se realicen bajo el control exclusivo del profesional, sin persistencia indebida de información sensible. La automatización se ejecuta en entornos de lectura autenticada, asegurando que no se produzcan modificaciones, alteraciones o intervenciones sobre los registros oficiales del Poder Judicial.
La trazabilidad y auditoría de cada consulta permite conocer el origen de los datos, las fechas y los sistemas involucrados, aportando transparencia y respaldo ante cualquier verificación posterior. Este enfoque protege tanto al profesional como a las partes involucradas y se alinea con la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Hablar hoy de automatización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión judicial no es hablar del futuro: es hablar del presente que ya estamos habitando. Muchos de nosotros lo vivimos todos los días, entre expedientes que crecen, plazos que corren y sistemas que exigen cada vez más atención. Frente a ese escenario, capacitarse deja de ser una opción cómoda y pasa a ser una responsabilidad profesional.
Formarnos de manera constante en nuevas herramientas no significa perder nuestra identidad jurídica ni abandonar el rigor que nos define. Todo lo contrario: significa fortalecernos. Significa entender que el conocimiento legal, cuando se combina con tecnología bien utilizada, nos permite trabajar mejor, con más orden, menos desgaste y mayor calidad en nuestros informes y decisiones. La inteligencia artificial y la automatización no vienen a pensar por nosotros, vienen a ayudarnos a pensar mejor, con más tiempo y con información más clara.
Como profesionales, el verdadero desafío no es técnico, sino actitudinal. Animarnos a estudiar, a actualizarnos, a preguntar y a aprender algo nuevo, incluso cuando parece ajeno a nuestra formación tradicional. Mantenernos al día con las actualizaciones legales nacionales e internacionales, y al mismo tiempo comprender las herramientas tecnológicas que ya están disponibles, es lo que nos va a permitir estar preparados para los cambios que vienen.
El “flujo perfecto” no se construye de un día para el otro, ni con soluciones mágicas. Se construye con compromiso, capacitación constante y una mirada abierta al cambio. Apostar a aprender hoy es apostar a un ejercicio profesional más sólido mañana. Y ese camino, aunque exige esfuerzo, vale profundamente la pena.
(*) Licenciado en Criminalística (UCALP) y especializado en programación y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en Synaphi.
