En un contexto donde el cumplimiento de la cuota alimentaria sigue siendo un desafío crítico para miles de familias, la Ley 15.513 surge como una respuesta normativa necesaria para modernizar y agilizar los procesos judiciales en la Provincia de Buenos Aires. La directora de posgrados de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Dra. María Donato, analiza en su reciente trabajo -publicado en el Repositorio Institucional- cómo esta reforma busca romper con las barreras burocráticas y las desigualdades estructurales que históricamente han demorado la protección de los más vulnerables.
¿Qué cambia con la nueva ley?. La reforma no es solo un ajuste de términos, sino una transformación de las herramientas con las que cuentan los jueces para asegurar que los alimentos lleguen a tiempo. Entre las innovaciones más destacadas que señala la Dra. Donato se encuentran:
Alimentos provisorios inmediatos: Se pueden fijar desde el primer despacho para asegurar una tutela urgente.
Prueba indiciaria: Ante la dificultad de probar ingresos en economías informales, el juez puede basarse en indicios de la capacidad económica del alimentante.
Notificaciones modernas: Se habilita el uso de medios electrónicos y mensajería instantánea para evitar las dilaciones que causaban las notificaciones en papel.
Sanciones automáticas: El incumplimiento deriva en la inscripción automática en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) y multas más elevadas por incomparecencia.
La investigación destaca que el problema de los alimentos no es puramente patrimonial, sino un derecho humano fundamental. El trabajo cita datos alarmantes: según informes del 2022, el 52% de los progenitores varones no participa en las tareas de cuidado, dejando la carga económica y emocional mayoritariamente en las mujeres.
A pesar de los avances legislativos, la Dra. Donato advierte que la eficacia de la reforma depende de un cambio cultural y profesional. No basta con la ley; es necesario:
Uniformar criterios: Que todos los juzgados de familia apliquen las mismas reglas y plazos.
Capacitación continua: Fortalecer a los equipos interdisciplinarios y a los operadores judiciales en el uso de nuevas tecnologías.
Compromiso institucional: Asegurar que las sanciones, como la inscripción en el RDAM, tengan consecuencias reales en la vida civil y comercial del deudor para que no sean meramente simbólicas.
“La eficacia de la reforma no depende únicamente de su texto, sino de la voluntad institucional y el compromiso social para asegurar que el derecho alimentario se traduzca en una protección material”, concluye la especialista.
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