En los últimos meses, una sucesión de cortes y daños de cables submarinos ha recrudecido la preocupación de los dirigentes europeos respecto al fortalecimiento de la capacidad de disuasión y protección de la extensa y creciente red de infraestructura submarina de la región.
En medio de las continuas tensiones geopolíticas con Rusia, el anunciado plan de rearme estratégico de Europa incluirá entre sus prioridades la inversión en todo tipo de tecnología militar para la protección de su infraestructura crítica submarina, crucial para el aprovisionamiento de energía (electricidad y gas) y para la conectividad.
Respecto a este último segmento, que según el reconocido analista internacional indio Parag Khanna plantea la existencia de un nuevo orden mundial de “conexión”, resulta dable advertir que las redes de cable óptico submarino son los principales portadores de transmisión de información internacional.
Por medio de ellas se transportan más del 80 % del tráfico de comunicaciones global, el 95 % de los servicios de comunicación intercontinentales y el 99 % de los datos internacionales.
La primera alarma o “bandera roja” de vulnerabilidad para la dirigencia europea provino del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 frente a la isla danesa de Bornholm en 2022. A partir de entonces, los Gobiernos europeos comenzaron a ejecutar una serie de medidas para revertir su limitada capacidad de disuasión y defensa contra las posibles operaciones híbridas en el fondo del mar.
En el año 2023, las fuerzas de la OTAN pusieron en marcha un Centro Marítimo para la Seguridad de la Infraestructura Submarina Crítica. Asimismo, comenzaron a planificar distintos proyectos para desarrollar una red de contención y respaldo que permita desviar el tráfico de datos de Internet desde los cables submarinos a satélites ante cualquier tipo de eventualidad.
En el caso de conectividad, en los últimos tres años se han registrado más de una decena de accidentes sospechosos que han dañado o inutilizado distintos cables submarinos emplazados en el mar Báltico. A modo de ejemplo, cabe recordar el daño de uno que conecta Letonia y Suecia y que culminó con la detención de tres embarcaciones por parte de la marina letona. Así también, el corte del cable submarino C-Lion1, que brinda servicios de telecomunicación entre Alemania y Finlandia; a raíz de esto último, se inició una investigación que, según Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, arrojó como resultado que la acción fue deliberada bajo una modalidad “híbrida” de sabotaje.
Más recientemente, a principios de este año, la Alianza Atlántica emprendió un nuevo programa denominado “Baltic Sentry” (foto de tapa): una novedosa actividad de vigilancia marítima multidominio que arbitró los medios para el despliegue de fragatas, drones y aviones con capacidades para identificar y disuadir las posibles amenazas a la infraestructura submarina crítica de la región.
Esta situación de vulnerabilidad y perturbación de la infraestructura crítica submarina de la región europea, también se ha visto replicada en otras latitudes. Los incidentes son cada vez más frecuentes a nivel mundial, alcanzando una media que varía entre los 150 y 200 casos anuales.
Las investigaciones de estos hechos están siendo seguidas de cerca por el Comité Internacional para la Protección de Cables (ICPC) y el Órgano Asesor para la Resiliencia de los Cables Submarinos, recientemente creado bajo el auspicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Aunque estos cables sufren daños accidentales tanto por causas naturales (terremotos, maremotos o tsunamis) como por actividades humanas (por el arrastre de anclas de embarcaciones, la pesca o la navegación comercial), en algunos casos son provocados de forma deliberada y malintencionada con fines estratégicos; ello se realiza mediante la utilización de “embarcaciones fantasmas” o de drones submarinos programados para ataques de precisión.
Frente a este panorama, la “geopolítica submarina” o proyección de los intereses políticos volcados sobre activos o bienes estratégicos -de los cables tendidos sobre los lechos marítimos y oceánicos en este caso- se traduce hoy como un objetivo que reviste vital importancia y que todos los decisores políticos están obligados a contemplar y valorar como un activo crítico para la seguridad nacional.
