En el marco de la reciente publicación de la revista Perspectivas de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Dra. Miriam L. Moralejo Ibañez —profesora titular de Obligaciones y Responsabilidad Civil de nuestra casa de altos estudios— presentó una investigación clave -subida al Repositorio Institucional de la UCALP- sobre las deudas pendientes y los avances en la protección de los ciudadanos frente al mercado.
Bajo el título “Cláusulas y prácticas abusivas en los contratos de consumo”, la docente e investigadora de la UCALP invita a un cambio de paradigma: entender la responsabilidad civil ya no solo como una herramienta para pagar por el daño hecho, sino como un escudo preventivo que evite el abuso antes de que ocurra.
Para la Dra. Moralejo Ibañez, el eje de la cuestión no es económico, sino humano. A poco más de diez años de la sanción y entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), la especialista destaca que el sistema legal ha logrado erigir un concepto de consumidor alineado con la Ley 24.240, basándose en un principio irrenunciable: la dignidad de la persona.
“Proteger al consumidor es referirse a aquellas conductas del proveedor que puedan resultar perjudiciales o coloquen al sujeto en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”, señala la autora en su trabajo.
Uno de los puntos más disruptivos de la investigación es la distinción entre el consumidor vulnerable y el hipervulnerable.
Vulnerabilidad Estructural: No es una característica de la persona, sino del rol que ocupa. Es la desigualdad técnica, informativa y económica frente a las grandes empresas.
Hipervulnerabilidad: Un concepto que, aunque no está explícitamente en el CCCN, ya pisa fuerte en la doctrina y resoluciones nacionales (como la Res. 139/2020). Se refiere a personas que, por su edad, género, estado físico o circunstancias socioeconómicas, enfrentan dificultades extra para ejercer sus derechos.
La investigación advierte que la realidad diaria muestra facetas que se alejan de la norma. Entre las asimetrías más comunes que el derecho debe combatir, la Dra. Moralejo Ibañez identifica:
Desequilibrios prestacionales: Cuando lo que recibimos no tiene relación con lo que pagamos.
Modificaciones unilaterales: Empresas que cambian precios o condiciones sin consulta previa.
Restricción de responsabilidad: Cláusulas que buscan eximir a los proveedores de su deber de responder ante daños.
La especialista enumera el “kit de herramientas” legales que todo consumidor debe conocer y que los jueces deben aplicar:
In dubio pro consumidor: En caso de duda, siempre se decide a favor del eslabón más débil.
Transparencia: El acceso total a la información del producto o servicio.
Buena fe: La expectativa de un comportamiento honesto y cooperativo.
Gratuidad judicial: El acceso a la justicia debe ser real, eliminando barreras económicas para reclamar.
A pesar de contar con una base jerárquica robusta (Constitución Nacional y leyes específicas), la Dra. Moralejo Ibañez concluye con una reflexión crítica: el control actual no resulta suficiente ante el accionar asimétrico del mercado.
La nota final de la investigadora de la UCALP es un llamado a la acción para la academia y la justicia: seguir explorando estos conflictos para ampliar la protección. En un mundo donde las prácticas comerciales suelen ser “intransigentes”, la defensa del consumidor es, en última instancia, la defensa de la dignidad humana.
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