En la Unidad N° 60 de Melchor Romero se llevó a cabo el proyecto de extensión universitaria titulado “El proceso penal y los derechos de las personas privadas de la libertad: lo que el Estado debe cumplir… incluso en la cárcel”, una iniciativa orientada a generar instancias de formación jurídica y reflexión en contextos de encierro.

Concretamente se trabajó en identificar los principales derechos que no se pierden con la privación de la libertad, al tiempo que se reflexionó sobre los límites legales del poder del Estado en las cárceles. El proyecto partió de la premisa de que el proceso penal constituye el principal instrumento a través del cual el Estado ejerce su poder punitivo, pero que este no se agota en la condena, ya que sus garantías continúan proyectándose durante la ejecución de la pena y en toda situación de privación de la libertad.

En este marco, se destacó que las personas privadas de la libertad se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad frente al poder estatal, lo que exige un reforzamiento de los principios de legalidad, dignidad humana, debido proceso y control de la arbitrariedad.

La iniciativa estuvo a cargo de la Coordinadora de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dra. Ariana Russomanno y el docente Dr. Gabriel Alberto Seijas. Además el encuentro tuvo la presencia de Eduardo Ernesto López, Inspector Mayor (E.G) y Director de la Unidad Penitenciaria N° 61 de Melchor Romero.

Entre los objetivos de esta actividad, se destacó la necesidad de “fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad a través de acciones de extensión universitaria”, promoviendo el acceso a conocimientos jurídicos básicos de manera clara y accesible.

La actividad se enmarca en una línea de trabajo que busca consolidar la presencia de la universidad en el ámbito penitenciario como espacio de formación, diálogo y compromiso social.